Por: Celinda Reyes Zavala
“Venimos a Lima tras cuatro días de huelga de hambre; pedimos justicia y respeto al Magisterio”, dijo Flor Marina de la Cruz tras ser entrevistada en una radioemisora capitalina de alcance nacional. La prensa peruana poco interés muestra en aquella directora del colegio 80852 del distrito de Cauchalda, a dos horas de Santiago de Chuco, en La Libertad , quien exige respeto a la ley del profesorado.
Bajar 3,700 metros de altura y llegar a la costa dejando 90 alumnos sin estudiar le permitió a Flor Marina recibir tan solo 35 segundos de las ondas hertzianas. La misma suerte corrió su paisano Francisco Baca, un docente del colegio 80769 del caserío de Retambo, en el distrito de Quirubilca, quien recorre semanalmente tres horas a camino de herradura para llegar a la capital de la provincia e implementar su centro educativo con lo básico para la enseñanza.
En medio de los ataques al SUTEP, la negativa a proclamar a la nueva Junta Directiva del Colegio de Profesores del Perú e intentos de “democratizar” a las instituciones de los maestros, se pone una vez más en el tapete la puesta en práctica de la Ley Orgánica de Municipalidades (NLOM), promulgada en el 2003 por Alejandro Toledo y que entrega los Centros Educativos a las Municipalidades del país.
Si en la anterior Ley los Gobiernos Locales tenían solamente funciones inspectivas en materia educativa y en colaborar en el mantenimiento y construcción de escuelas primarias, ahora deberán diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo de su jurisdicción y construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su jurisdicción de acuerdo al presupuesto asignado.
Los más entusiastas neoliberales señalan que el financiamiento de ello pasa por un plan de subvenciones y fondos municipales, regionales, nacional e internacionales; bonos educativos, participación de inversión privada vía accionariado difundido de profesores, agentes económicos, sociales y culturales.
Lo cierto es que ello significará mayores tributos locales; si son innumerables las municipalidades incompetentes para manejar sus parques y la limpieza pública, es probable que el destino de las escuelas pase a manos privadas, contribuyendo así al objetivo capitalista de eliminar la enseñanza gratuita. No se necesita ser adivino para darse cuenta la existencia de los ingresos económicos diferenciados según ubicación. Tampoco podemos engañarnos: Las municipalidades distritales y provinciales son organismos de dinámica política muy cambiantes, con estructuras de gestión de recursos y proyectos de corta duración, burocráticas y dèbiles; las ganan cada cuatro años políticos, de una u otra posición política y de uno u otro criterio respecto al papel de la educación pública; sin embargo, la educación la componen los maestros, académicos con un criterio mucho más amplio que quienes ven en las elecciones un medio para llevarse legalmente el botín.
Todo este panorama genera algunas interrogantes: ¿Qué serán de las escuelas en comunidades santiaguinas como Nogoll, Quilla Hirca, Huaca Pongo y Quiris Quingai, donde Francisco y Flor Marina imparten sus conocimientos?; ¿sus respectivas municipalidades estarán en condiciones de solventar gastos en infraestructura, material pedagógico, desayunos diarios para los niños y capacitación docente?, ¿los inversionistas privados se animaran a subir 3,700 metros de altura para negociar con los campesinos la educación de sus hijos?. Las respuestas a todo ello la tienen los maestros rurales, los padres de familia y todo el magisterio nacional.
El proceso privatizador de la educación tendrá un duro obstáculo en las campañas permanentes de esclarecimiento en la opinión pública, la lucha social, política, cultural y organizativa. A la presentación de proyectos de ordenanza para desaprobar el plan piloto se sumaría la conformación de redes de estudio y análisis para la lucha de propuestas en defensa de una educación publica de calidad. Del mismo modo la participación en comisiones de presupuesto participativo para hacer llegar las propuestas por una educación pública, democrática, financiada y de apoyo a la salud, nutrición y condiciones dignas y de educabilidad.
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